Del próximo Plan de Desarrollo Nacional, más que una propuesta del nuevo gobierno, es una responsabilidad liderada por los ciudadanos en el territorio.

El Plan de Desarrollo Nacional de este gobierno será construido por todos nosotros los colombianos, cuestión que puede tener algo de novedad, pero que sigue el mismo ritmo que otros gobiernos han asumido colocando su propio sello cumpliendo así la Constitución del 91 en ese juego de roles entre la relación Estado y Ciudadanía. Ahora bien, de entrada esto no puede abarcar la actitud excluyente de una sociedad que cree que los destinos de los territorios están en manos de quienes les llaman ‘doctores’ o ‘toman wiski y se sienten incomodos cuando alguien no tan elegante los saluda tan efusivamente’; de hecho, el destino, el desarrollo y el crecimiento de nuestros territorios, de nuestras comunidades, están en las manos de cada uno de los que hemos asumido el rol de ser ciudadanos insertados en la realidad mismo de los territorios, característica que nos hace responsables de la edificación del crecimiento colectivo.

Dos importantes categorías reflexivas están en juego en esta dinámica mancomunada entre gobierno nacional y comunidad: el territorio y el ciudadano/a. El primero entendido como el conjunto de relaciones sociales que no están solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado, sino que, en ella se expresa el poder, la gestión y el dominio de los individuos, de grupos y de organizaciones conformado por ciudadanos que buscan una construcción social a partir del sentido de pertenencia, e identidad y conciencia regional adquiriendo así la existencia real a partir de su expresión de territorialidad (Valbuena, 2010); desde esta perspectiva, se esperaría que los problemas más complejos traducido en necesidades como el agua potable, las vías terciarias para sacar los productos, la seguridad, la escuela, el centro de salud, los centros de recreación, la vivienda digna y cada uno de esos elementos que permitan jalonar el desarrollo colectivo y las realidades mismas de la comunidad, concretizándose en planes comunitarios basados desde argumentos construidos por la misma comunidad y que conjuntamente han desarrollado planes de acción para verificar y plantear propuestas para la solución de sus dificultades, por lo que, todo esto dependerán -lo segundo- de la manera del cómo se involucren individual y colectivamente el ciudadano de ese territorio. 

Es importante saber que la construcción y ejecución de estos planes de desarrollo que surgirán desde el territorio tienen un apoderamiento ciudadano/a, si bien, un ciudadano/a es aquel que se entiende como un miembro insertado dentro de una comunidad con argumentos socioculturales, políticos y económicos, y el cual cuenta con plenos derechos y quienes le acompañan socialmente también son sujetos de dichos derechos, por lo que hace que los beneficios de dichos derechos se establezcan por la igualdad de condiciones en cuanto derechos y deberes, lo que llevaría a una autentica justicia social. En este sentido, este ciudadano/a revestido, empoderado jurídicamente, lo argumentan tres elementos que se convirtieron históricamente como derechos: (i) el derecho civil entendido como aquellos derechos que son necesarios para la libertad individual y su desarrollo; (ii) el derecho político comprendido como el derecho a participar en el ejercicio del poder político, siendo miembro de una sociedad con un cuerpo de autoridad política a quien se elige de manera libre y consiente; y el (iii) derecho social el cual abarca toda la dimensión del derecho a la seguridad y a unos mínimos para su bienestar integral (Bottomore, 1991); todo esto le da vestidura inviolable a la comunidad de un territorio, por lo que, todo territorio tiene derecho al desarrollo, pero la condición de ciudadano con derechos y con deberes, su responsabilidad y su autoridad ciudadana influirán en el desarrollo de los pueblos; de aquí que el desarrollo de un territorio no solo depende del Estado como garante de dichos derechos traducido en progreso, sino de quienes ejercen una autoridad ciudadana y son quienes en verdad conocen las necesidades y buscan hacer posible que las insuficiencias colectivas sean una trasformación convertida en desarrollo; ahora un progreso en el territorio, no puede estar parcializado por los intereses de unos pocos que podrían hasta desconocer la realidad del territorio y/o desviar desde interés personales y/o desde las mismas dinámica de la tecnocracia y la tramitología del poder político del mismo Estado (la burocracia) las necesidades planeadas. Subsiste entonces la urgente atención en el espectro de un bien común donde desde una vigilancia de los actores del territorio acompañen el proceso de un desarrollo que permita el progreso humano y social de los mismos territorios. 

Entendiendo esto, con la mirada colocada en la realidad de los territorios y siendo conscientes de la autoridad que jurídicamente brinda por la constitución del 91, se podría decir que frente a los diálogos regionales ¿cómo desde el territorio y con autoridad de ciudadanía se está verdaderamente preparado y dispuesto para trabajar de la mano con el Estado para gestionar y velar por el desarrollo de integral de los territorios, basados en unos compromisos asumidos y desvestidos de toda mirada pesimista, de dependencia y de victimización y revictimización colectiva?  ¿Qué tanto se conoce las verdaderas realidades y necesidades comunes del territorio para jalonar las grandes trasformaciones de manera progresiva y segura? ¿Se tienen líneas de trabajo con claras conclusiones sobre las necesidades del territorio para hablarle al gobierno con autoridad y comprometerlo a ser garante del desarrollo que necesita el territorio? 

La construcción del próximo Plan de Desarrolla Nacional, más que una propuesta del nuevo gobierno, es una responsabilidad construida y liderada por los ciudadanos en el territorio, donde los elementos del dialogo y la escucha serán fundamentales, pero basados en realidades y urgencias colectivas, que deberán estar argumentadas y consensuadas con el Estado para priorizar dinámicas que involucren el progreso mancomunado de todos. Este ejercicio ciudadano en el territorio debió liderarse y construirse con anterioridad con el fin de saber aprovechar estos espacios de construcción, de compromiso social y político promovido por el mismo Estado. 

Bibliografía

Valbuena, D. R. (2010). Territorio y territorialidad Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Unipluriversidad. Universidad de Antioquia., 10 (3).

Bottomore, T. H. (1991). Ciudadanía y clase social. Alianza editorial. .