La corrupción política y económica en Colombia, un cáncer cultural que haría daño a la política de la ‘Paz Total’.

Tomada imagen de: https://latinamericanpost.com/es/18042-corrupcion-en-colombia-el-cancer-del-estado

Nadie puede ignorar que Colombia es un Estado social de derecho, constituida por un poder gubernamental central donde rigen los demás poderes territoriales y regionales, quienes ponderan tal poder, son elegido por el pueblo conformado por las bases sociales, distribuidos en las distintas clases obreras, los campesinos de las regiones especialmente rurales, los jóvenes universitarios y todos aquellos que forman parte de la sociedad llamada país, cada grupos posee por naturaleza una identidad política siendo el constituyente primario facultados con el poder democrático de elegir y ser elegidos; consecuentemente dicho ejercicio de elección “libre y consiente”, faculta a quienes son elegidos del poder gubernamental para construir de manera responsable lo caminos que lleven al desarrollo del país donde las regiones y los territorios ajusten sus políticas públicas según las necesidades, con el fin, de velar por la Justicia, la Equidad y el Respeto de los derechos y los deberes, donde la dignidad humana sea el principio bandera de todos los principios sociales y democráticos.  Lo anterior un argumento que se comprende en la Carta Magna de la Constitución Política del 91 cuando se habla de los principios fundamentales (Bonilla, 2016, pág. 45 ss); sobre este marco jurídico todo ciudadano tiene facultades para haces respetar el ejercicio democrático para elegir, velar y exigir a quien faculta de poder político, el cual, debe asumir obligaciones como gobierno para con toda la ciudadanía. 

Por consiguiente, la Ley de Paz total, no puede considerarse un capricho de partido político, sino, una política de Estado para proteger y cooperar en el bien común de la sociedad colombiana fortaleciendo la seguridad humana, el cese de la violencia y la justicia social con igualdad y equidad (Congreso de Colombia, 2022, págs. 1-3). Este deber ser es algo que en la práctica (saber hacer), no se cumple, el quehacer político en nuestro país es corrupto, cuestión que afecta la dinámica de la economía, la cual, los manejos de los recursos económicos no llegan a su destino que son los territorios, las políticas y dinámicas macroeconómicas del país son manejada por intereses lo cual limitan el cumplimiento de los derechos  de los ciudadanos, por lo que esto siempre ha sido y sigue siendo un caldo de cultivo y un argumento poderoso para seguir en el conflicto que hoy seguimos teniendo. Tal cuestión pone en riesgo e la practica la ley de la política de la paz total, pues que, aunque existan herramientas jurídicas para custodiar y exigir el debido ordenamiento social al interior de lo colectivo desde el propósito de la paz total siempre es evidente preguntarse sobre ¿el por qué es tan permisivo el inadecuado desarrollo de acciones como la corrupción política y económica que procrea la presencia de una injusticia social que expande los cordones de la pobreza, la inequidad, la violencia y de paso, una real violación de los DDHH?  

Responder esta pregunta tiene un protagonista inicial, de base y de responsabilidad: el ciudadano, la ciudadanía. Sabemos que todo ciudadano, cada uno de nosotros, poseemos las facultades y el empoderamiento político y jurídicos para hacer cumplir las responsabilidades del Estado para con la sociedad, pero esa facultad muchas veces o es desconocida, o no interesa o se hace corrupta, esto último con el fin de salvaguardar interés, por lo que se convierte en un instrumento malévolo para el desarrollo colectivo de los territorios y que muchas veces es amparado por la misma ciudadanía. Esto históricamente tiene a nuestro modo de ver dos argumentos evidentes: 

(1) Una cultura que como estilo de vida ha asumido desde la historia republicana comportamientos que han de estar siempre en contra vía de lo legal, de lo correcto, de lo que debe ser admitiendo por un bien colectivo. 

(2) En los procesos pedagógicos del educar ya sea al interior de la familia o en las instituciones académicas, se desdibuja los argumentos edificantes del: “deber ser” (lo moral) y “el saber hacer” (lo ético); cuando esto no es parte de la línea transversa de todo proceso de formación integral en la vida del individuo, entonces, existen vacíos en la conciencia y en la praxis de lo personal y lo colectivo. 

Ahora bien, desde una cultura desvitalizada en lo que es “lo correcto”  y sobre una realidad educacional que desde la transversalidad de la formación integral desconoce el discurso de lo moral y de lo ético hace permisivo y permite desconocer los vicios en el procedimiento y ejecución de políticas de gobierno ya sea de tipo territorial, regional y nacional, los cuales, manipulados, comprados y hasta no asumidos contradicen lo que la Constitución misma exige, violentando así los principios fundamentales y los DDHH en los que tiene que ver con lo económico, lo social y lo cultural; por ende, entrever acciones muy debajo de la mesa sobre lo acordado políticamente para nuestros pueblos desfiguran el equilibrio, el orden y el desarrollo social, impiden la dinámica de una política coherente al servicio de los conciudadanos que los ha elegido con su poder constituyente, en estas circunstancias la corrupción política y económica en Colombia es un cáncer cultural que haría daño a la política de la ‘Paz Total’. 

Por eso la corrupción es un mal que es capaz de carcomer cualquier política que se construya desde la buena voluntad de quien gobierna, ya que su función y supervivencia de los actos corruptos al interior de los gobiernos locales, regionales y Estatales, son avaladas por quien se ha corrompido políticamente y económicamente, llevando también al ciudadano con liderazgo o con esperanzas, estos también se corrompen al menos en su conciencia, ya que termina aceptando no solo a la persona del corrupto sino también los actos de corrupción. Cuando el silencio impera, cuando se participa de las prebendas y cuando se involucra de la ruleta de un quehacer político que se centra en la primacía de los intereses particulares desdibujando los comunes, en el caso de la ley de la paz total, será un saludo a la bandera en nuestro país.  Por ende, como sociedad debemos despertar con urgencia y comprender la necesidad de calcinar el tumor del cáncer de la corrupción que sigue con vitalidad en la política y la economía del país. Para esto platéese dos cosas posibles caminos:

• Desde la educación se trasforma al actor individual, ya que este argumenta, desarrolla y permite desde su conciencia de ciudadano tales conductas basadas en su responsabilidad ante la ley. Educar en lo legal, en lo correcto, en lo justo, en lo verdadero, en lo constructivo -aunque sea una utopía- puede llevar a las nuevas generaciones a concebir un tipo de conducta de beneficio colectivo y no de aniquilamiento basado en un espíritu de individualismo; la corrupción existe ya sea porque se ignora el carácter de responsabilidad social o porque se comercializa los argumentos de responsabilidad social al mejor postor, desvinculándose así del derecho de exigir trasparencia de los actos que deben beneficiar los derechos de los ciudadanos.

• Construir como ciudadanía acciones que favorezcan el desarrollo hacia lo Colectivo, es necesita un empoderamiento de lo político para que dentro de tal ejercicio que parte de la individualidad hacia lo comunitario, esto permite generar acciones que contrarresten a esas acciones que impiden el equilibrio, el desarrollo y la sostenibilidad social, todos como ciudadanos tenemos la responsabilidad de involucrarnos he intervenir ante y con el Estado en la construcción política, asume el papel protagónico de las comunidades que han de garantizar el desarrollo de sus territorios. 

Bibliografía

Luis Guillermo Ramos Vergara y Luis Fernando Angulo Bonilla. (2016). Constitución Política de Colombia. Conmemoración 25 años. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica. .

Bonilla, V. y. (2016). Constitución Política de Colombia. Comentada. . Bogotá: Nueva Jurica.

Congreso de Colombia. (2022). Política de paz total y otras disposiciones. Ley 2272. Bogotá: Gobierno Nacional.