UNA UTOPÍA QUE DEBE CONSIDERARSE.

Ante las deficiencias políticas de Estado para garantizar los derechos fundamentales, la metamorfosis del conflicto, y la violación sistemática de DDHH por parte de la institucionalidad, y el desastroso panorama de económico dejado por la pandemia, se hace urgente que sea la Sociedad Civil Organizada, la Iglesia Católica, los defensores de DDHH de las regiones y de los territorios, la juventud colombiana organizada, los medios de comunicación social, los grupos que conforman las minorías en el país, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría nacional y las fuerzas políticas del país las que deben proponer mesas de diálogos constructivas y progresivas con el Estado y con la Institucionalidad para generar análisis, disertaciones, construcción y acuerdos para una reestructuración política y económica para mejorar el ritmo del país; esto no puede caer o quedar en manos de caudillistas que politizan, y hacen populismo extremista y mediático (ni el Petrismo, ni el Uribismo, entre otros fuerzas radicales) y mucho menos de partidarios de ideologías guerreristas evidenciados en pensamientos sectarios que por año se vienen organizando en formadas células en la urbe del país.

Por ende, las bases sociales, la base originaria (el campesino, el obrero, el asalariado, el líderes comunales, el empresario y las mujeres y devas sectores incluyentes) esa que quieren el desarrollo, el respeto, la justicia social y la dignificación de la vida, que de manera organizada y con argumentos puede ayudar a transformar a corto, mediano y largo plazo la realidad que hoy nos esta matando entre colombianos; se debe parar con esta zozobra de la violencia y del tomar el poder a la fuerza para matar y destruir vidas humanas y progreso regional; más que una exigencia por las acciones de unos que denigran contra la dignidad de los indefensos, estamos en una complejidad social que, violentamente va acabando desde hace más de seis décadas con el patrimonio de muchos.