LA CORRUPCIÓN, UN ACTOR Y UNAS ACCIONES, UNA PERVERSIÓN DE LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO POR ACABAR.

Nadie puede ignorar que Colombia es un Estado social de derecho, constituida por un poder gubernamental central donde rigen los demás poderes territoriales y regionales, quienes ponderan tal poder, son elegido por el pueblo conformado por las bases sociales, distribuidos en las distintas clases obreras, los campesinos de las regiones especialmente rurales, los jóvenes universitarios y todos aquellos que forman parte de la sociedad llamada país, cada grupos posee por naturaleza una identidad política siendo el constituyente primario facultados con el poder democrático de elegir y ser elegidos; consecuentemente dicho ejercicio de elección “libre y consiente”, faculta a quienes son elegidos del poder gubernamental para construir de manera responsable lo caminos que lleven al desarrollo del país donde las regiones y los territorios ajusten sus políticas públicas según las necesidades, con el fin, de velar por la Justicia, la Equidad y el Respeto de los derechos y los deberes, donde la dignidad humana sea el principio bandera de todos los principios sociales y democráticos.

Lo anterior se comprende tajantemente en la Carta Magna de la Constitución Política del 91 cuando se habla de los principios fundamentales (Capítulo I, Art: 1 – 10); dicho marco jurídico le da garantías a cualquier ciudadano para haces respetar el ejercicio democrático con el que faculta a quien revestido de poder debe asumir obligaciones como gobierno para con todos los ciudadano que conforman el territorio nacional.

Ahora bien, si tales herramientas jurídicas consagradas en la gran norma de nuestro país, son instrumentos para custodiar y exigir el debido ordenamiento social al interior de lo colectivo, entonces es de cuestionar desde las base sociales sobre ¿el por qué se ha sido y se sigue siendo permisivo en el inadecuado desarrollo de acciones que procrea la presencia de una injusticia social que expande los cordones de la pobreza, la inequidad, la violencia y de paso, una real violación de los DDHH?

Responder esta pregunta tiene un protagonista: el ciudadano que posee facultades y empoderamiento político y jurídicos, este se asocia y lleva a construir realidades que puede favorecer o desfavorecen su propia existencia; ahora bien dicho individuo ha logrado trasegar una historia negativa que involucra dos argumentos evidentes:

(1)   La de una cultura que como estilo de vida ha asumido desde la historia republicana unos ciertos comportamientos que han de estar siempre en contra vía de lo legal, de lo correcto, de lo que debe ser admitiendo al interior de la realidad social, esto hace proclive situaciones complejas de injusticia he inequidad.

(2)   Por otro lado, en relación con lo anterior, se puede manifestar que al interior de los procesos pedagógicos que estructuran la Educación ya sea al interior de la familia o en las instituciones académicas, se ha desdibujado con gran ímpetu los argumentos edificante para construir la conciencia desde el aprender: “el deber ser” (lo moral) y “el saber hacer” (lo ético), cuando esto no es parte de la línea transversa de todo procesos de formación integral en la vida del individuo, entonces, existen vacíos en la conciencia personal sumando esto a lo colectivo.

Ahora bien, desde una cultura desvitalizada en lo que es “lo correcto”  y sobre una realidad educacional que desde la formación integral desconoce el discurso de lo moral y lo ético como línea que transversalmente de someterse a todo proceso de aprendizaje, se ha hecho permisivo la procreación de injusticia social porque al Estado que gobierna (nacional, territorial y/o local) se le permite pasar ciertos vicios en el procedimiento y ejecución de sus políticas de gobierno ya sea de tipo territorial, regional y nacional, los cuales, manipulados, comprados y hasta no asumidos contradicen lo que la Constitución misma exige, violentando así los principios fundamentales y los DDHH en los que tiene que ver con lo económico, lo social y lo cultural; por ende, entrever acciones muy debajo de la mesa sobre lo acordado políticamente para nuestros pueblos desfiguran el equilibrio, el orden y el desarrollo social, impiden la dinámica de una política coherente al servicio de los conciudadanos que los ha elegido con su poder constituyente.

Quien le garantiza la función y supervivencia a todo acto corrupto, son quienes avalan al corrupto, cuando el silencio impera, cuando se participa de las prebendas y cuando se involucra de la ruleta logística de un quehacer político que se centraliza en la primacía de los intereses particulares desdibujando los comunes que lleven al desarrollo y a la sostenibilidad comunitaria. Todo lo anterior se realiza a espaldas de los más distantes que desconocen sus derechos constitucionales. Frente a tan nefasta realidad, pareciera que la sociedad estuviera cegada, acostumbrada y hasta con la tarea de favorecer dichos ejercicios de contradicción al principio jurídico de los ciudadanos, sin tener doliente colectivo que afronte la exigencia de aplicar la legalidad y la trasparencia con orden y compromiso político.

Por tal motivo, para concluir es posible decir que para atacar tal cáncer crónico de la corrupción que ha logrado dominar la conciencia colectiva desde la índole educacional y cultural siendo el eje principal que amenaza permanentemente el desarrollo de los ciudadanos y del Estado en su autoridad y credibilidad política, no solo tiene principios de responsabilidad en los poderes que gobiernan, sino en la mente individualizada de cada ciudadana que inciden en las bases sociales, por ende, como sociedad debemos despertar con urgencia y comprender la necesidad de ejercitar la área de acabar con dicho cáncer desde las bases, esto es posible si:

Desde la educación se trasforma al actor individual, ya que este argumenta, desarrolla  y permite desde su conciencia de ciudadano tales conductas. Educar en lo legal, lo correcto, lo justo, lo verdadero, lo constructivo puede llevar a las nuevas generaciones a concebir un tipo de conducta de beneficio y no de aniquilamiento; esto debe hacerse porque la corrupción existe ya sea porque puede ignora su carácter de responsabilidad social, porque comercializa sus argumentos de responsabilidad social al mejor postor, desvinculándose así de su derecho de exigir trasparencia y patrocinando el atraso comunitario; y/o porque asume un cierto desinterés por instaurar luchas desde sus derechos como las herramientas jurídicas que le da el mismo Estado, que al final general poca importancia al desarrollo de sus mismos territorios a mediano y largo plazo.

Y por último, es necesario aprender a construir de manera pública las acciones que favorezcan el desarrollo hacia lo Colectivo, aquí se necesita un empoderamiento de lo político para que dentro de tal ejercicio que parte de la individualidad hacia lo comunitario, se generen acciones que contrarresten a las que impiden el equilibrio, desarrollo y la sostenibilidad social, ya que se asume el papel protagónico de las comunidades que han de garantizar el desarrollo de sus territorios.

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* Lic. En Teología de la Universidad Santo Tomas de Aquino (Bogotá), Maestrante en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamérica de Medellín; Delegado de la Pastoral Universitaria diocesana. Diócesis de Sincelejo; Tutor. Universidad Santo Tomas Caud Sincelejo; Asesor Espiritual Universitario y Docente ocasional de Ética Empresarial. Universidad de Sucre.